El gobierno encabezado por Alberto Fernández estaba entusiasmado con un nuevo avasallamiento sobre las libertades individuales que comenzaría a regir este viernes 8 de Enero.
Con el argumento es intentar reducir las posibilidades de contagios del coronavirus SARS-Cov2 sólo aquellos considerados "esenciales" (una calificación que se sabe que es caprichosa) iban a poder circular entre las 23:00 y las 6:00.
Según trascendió la falta de acatamiento a esta medida gubernamental permitiría la denuncia ante la justicia y las autoridades estarían habilitadas al secuestro de vehículos y la imposición de multas.
Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete, había calificado las medidas simplemente de "antipáticas", y se atrevió a amenazar a la sociedad diciendo "vamos a tomar las decisiones que se tengan que tomar".
Fernández, finalmente, trasladó la responsabilidad a los gobernadores ante un posible aumento de casos de Covid-19 y dejó de lado la obligatoriedad ante la generalizada oposición de la sociedad, varias provincias y sectores económicos asociados al entretenimiento, el turismo y la gastronomía, duramente castigados por las restricciones de los que fueron objeto en 2020.
El decreto presidencial facultaría a los gobernadores a adoptar nuevas medidas y condicionará su accionar a dos requisitos:
- Un coeficiente de contagiados que se hará comparando los contagios de la última quincena de Diciembre con la primera quincena de 2021 (se actualizará por quincena).
- Ciudades con más de 150 contagios cada 100.000 habitantes.
Si la suba de afectados por COVID-19 supera el coeficiente elaborado por el "científico" Ginés González García, y hay más de 150 contagiados en un distrito con más de 100.000 habitantes, el gobernador "deberá dictar normas reglamentarias para limitar la circulación por horarios o por zonas".