Sacerdotes, obispos, diáconos y religiosas de la Iglesia oficial deberán profesar públicamente su adhesión al Partido Comunista Chino, apoyar el sistema socialista y ejercer su ministerio conforme a las directrices ideológicas marcadas por Pekín.
Las nuevas normas de conducta para el personal eclesiástico católico, aprobadas por la Asociación Patriótica Católica China y la denominada Conferencia Episcopal China -los organismos controlados por el Estado que dirigen la Iglesia oficial-, fueron adoptadas en Diciembre de 2025, aunque no se hicieron públicas hasta finales de Mayo de 2026. El texto ha sido traducido y publicado por el Centro China (China heute), que considera que las disposiciones tienen "una clara impronta política" y reflejan numerosas exigencias del Estado-partido.
Lejos de limitarse a establecer normas disciplinarias para el clero, el documento convierte la fidelidad al régimen en un requisito inseparable del ministerio sacerdotal. Los ministros católicos deberán apoyar expresamente la dirección del Partido Comunista Chino, respaldar el sistema socialista, colaborar con el Gobierno en la aplicación de la política religiosa del Estado y contribuir a la llamada "sinización" (el proceso de asimilación de la cultura de China) del catolicismo, la estrategia impulsada por Xi Jinping (73) para subordinar las religiones a los objetivos políticos del régimen.
Una nueva interpretación de la doctrina
Uno de los aspectos más llamativos del reglamento es que la exigencia de lealtad política no se limita a la conducta de los sacerdotes, sino que alcanza también al contenido mismo de la enseñanza de la Iglesia.
Las normas disponen que la doctrina y la disciplina católicas deberán interpretarse "guiadas por los valores socialistas fundamentales" y por la cultura tradicional china, de forma que respondan "a las exigencias del desarrollo de la China actual". El texto añade que el clero deberá participar activamente en la construcción de un pensamiento teológico "de características chinas", asumir el principio de independencia respecto de cualquier influencia extranjera y aceptar la dirección de las organizaciones patrióticas creadas por el Estado.
Esa subordinación alcanza también a la actividad pastoral. Los ministros deberán colaborar con las autoridades en la lucha contra las actividades religiosas consideradas ilegales, combatir las denominadas herejías y rechazar cualquier influencia extranjera que el régimen interprete como una amenaza para la soberanía nacional.
Del ministerio sacerdotal al comportamiento cotidiano
El reglamento dedica igualmente varios apartados a regular aspectos concretos de la vida del clero. Exhorta a sacerdotes y religiosos a vivir con austeridad, practicar la caridad y mantener una vida espiritual ejemplar, pero al mismo tiempo introduce un amplio catálogo de prohibiciones de carácter administrativo y disciplinario.
Entre otras cuestiones, prohíbe apropiarse de bienes eclesiásticos, realizar actividades comerciales dentro de los templos, celebrar bodas en colaboración con empresas, cobrar tasas encubiertas a los fieles, favorecer el nepotismo, crear facciones dentro de la Iglesia, cultivar "aficiones vulgares" o vender objetos religiosos a través de Internet.
El análisis del Centro China
En su presentación del documento, el Centro China destaca que estas normas representan un nuevo instrumento de la política religiosa del régimen y subraya un contraste revelador. Mientras las obligaciones políticas ocupan buena parte del texto, apenas aparecen referencias a cuestiones tradicionalmente centrales en la vida sacerdotal, como el seguimiento de Cristo, la oración, la caridad pastoral o el cuidado espiritual de los fieles.
La publicación de este reglamento se produce mientras continúa vigente el acuerdo firmado en 2018 entre la Santa Sede y Pekín sobre el nombramiento de obispos. Entretanto, el Gobierno chino sigue reforzando los mecanismos de supervisión sobre la Iglesia oficial y manteniendo una fuerte presión sobre las comunidades católicas que permanecen al margen de las estructuras reconocidas por el Estado.
Human Rights Watch(dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos) sostiene que en estos años se ha consolidado un contexto de mayor vigilancia, control ideológico y restricciones a la libertad religiosa que afecta a los cerca de 12 millones de fieles católicos en China.
