Mientras cada hora se elimina (*) a 11 niños antes de nacer mediante el aborto legal (y el gobierno nacional no hace nada para impedirlo), una cantidad desconocida (pero alta) de argentinos es desechada por no ser elegidos en las técnicas de fertilización asistida.
Si ocurre el milagro de que nada les impidió nacer, muchos niños no la van a pasar bien en un país injusto, desparejo y con las prioridades equivocadas desde hace décadas.
En la Argentina el 53,6% de los niños son pobres y 3 de cada 10 no come como sería conveniente para su sano desarrollo.
Y si llegara a tener una discapacidad, el panorama puede ser claramente desolador.
De acuerdo a la Encuesta de la Deuda Social Argentina, que realiza desde 2004 el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la U.C.A. y preside el sociólogo Agustín Salvia, más de la mitad de los niños y adolescentes argentinos es pobre (datos del 2025), mientras que la indigencia se ubicó en el 10,7%.
El informe señala que el 28,8% de los niños y adolescentes no tuvo acceso regular y constante a alimentos suficientes, seguros y nutritivos (lo que se define como "inseguridad alimentaria"). El 13,2% experimentó esta incertidumbre de no saber cuándo comería ni qué, de manera más severa.
La asistencia alimentaria que emprende el Estado alcanza al 64,8%, que si bien intenta compensar las dificultades, es demostrativa del grado problemático que tiene una parte importante de la población para acceder a la comida.
Otro de los aspectos que incluye la Encuesta de la Deuda Social Argentina es que el 19,8% dejó de asistir al médico, al odontólogo o a ambos por problemas económicos durante 2025, algo que tiene impacto en la realidad presente y también en el futuro de la calidad de vida de la población.
En 2025, el 18,1% de los niños y adolescentes residía en viviendas precarias y el 20,9% en situación de hacinamiento. El 42% de ellos se encuentra en hogares sin saneamiento adecuado.
El 37,5% de los adolescentes y niños tiene privaciones en lo referido a su vestimenta. En ámbitos estatales.
(*) En ámbitos estatales. No se consideran en esta cifra los que se producen en clínicas privadas, autogestionados y facilitados por organizaciones abortistas.