La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada del jueves 5 de Junio el proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027. Votaron 143 diputados a favor, 71 en contra y 3 se abstuvieron.

La iniciativa establece medidas legislativas, administrativas y presupuestarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

En diálogo con Alberto Mora, el secretario general de ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina), Alejandro Cytrynbaum, explicó que la situación, que ya era crítica desde hace años, con el actual gobierno empeoró. La desactualización en el nomenclador que rige las prestaciones termina por complicar severamente la realidad de las personas con discapacidad y sus familias.

Entrevista a Alejandro Cytrynbaum (ASDRA)

Por su parte, Fermín Murall, de la Fundación Nosotros, coincidió en lo complejo de la situación y la antigüedad de los problemas, aportando que en 2024 hubo muchos trámites por pensiones que fueron rechazados (incluso estando justificados) y que los aprobados no se han hecho efectivos. A los problemas por la discapacidad, se suman los causados por el Estado que acosa a las instituciones que no pueden hacer frente a sueldos y cargas sociales de sus empleados.

Entrevista a Fermín Murall (Fundación Nosotros)

Ambos entrevistados señalaron que es correcto fiscalizar el otorgamiento de pensiones para evitar abusos, pero que carece de sentido paralizar o entorpecer el sistema hasta que se determinen errores o delitos. Uno de los aspectos más nocivos en este tiempo radica en la ausencia de interlocutores válidos por parte del Estado con los que, mínimamente, se pueda dialogar, negociar, explicar las serias dificultades que llevan, incluso, a que muchas instituciones dejen de funcionar.

El oficialismo acusó a la oposición en el Congreso de hacer "demagogia" con las necesidades de un sector vulnerable y anticiparon que el presidente Milei vetará la norma si llega a ser aprobada en el Senado.

El dictamen de mayoría propuso reforzar las pensiones no contributivas por invalidez (actualmente en $213.000) que serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Poder Ejecutivo, si se logra la sanción de la ley, podrá disponer incrementos adicionales en función de la invalidez laboral o zona geográfica desfavorable.

La propuesta apunta a fortalecer el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, regulado por la Ley 24.901, cuyo conjunto de prestadores (hogares, escuelas, centros de día, terapeutas, transportistas) padece serias dificultades por la falta de actualización en los valores que perciben.

En ese sentido, se actualizarían mensualmente y los aranceles de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) informado por el INDEC, con financiamiento a cargo del Estado. Además, se establecería una compensación de emergencia por la diferencia entre los incrementos otorgados en 2024 y la inflación acumulada en ese mismo período. Esta actualización apunta a que las personas con discapacidad no pierdan la continuidad de su atención profesional (maestras integradoras, terapias o traslados) por los bajos salarios.

El proyecto aprobado por los diputados incluye un régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social para los prestadores, que contempla la condonación de intereses, multas y sanciones, así como la refinanciación de planes de pago, vigentes y caducos.

Otro punto relevante es el financiamiento para el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus programas vinculados a salud, accesibilidad, inclusión, prevención y promoción del modelo social de discapacidad. A esto se suma el compromiso de garantizar recursos para la plena implementación de la Ley 26.816, que regula el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad.