La siniestra ley que permite torturar, matar y desaparecer seres humanos antes de nacer fue la victoria de políticos -entre ellos los presidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández, además de candidatos como Patricia Bullrich, Myriam Bregman y Sergio Massa-, organizaciones extranjeras y nacionales, la mayoría de los periodistas, actores y músicos, y organismos internacionales de crédito (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial), entre otros.
Esa norma, aprobada a contramano del marco jurídico vigente -empezando con la Constitución Nacional-, ya llevó a la muerte a más de 1.000.000 de niños (así los define la Ley Fundamental), una estimación basada en los datos oficiales (que debe la información de los años 2024 y 2025).
Aunque en los más de 5 años transcurridos desde la puesta en vigencia de la ley puede haber casos de mujeres que hayan abortado más de una vez, se puede calcular en que ronda el millón que estaba embarazada en medio de una situación de vulnerabilidad (sojuzgada, con limitaciones materiales, abandonada, sin contención) o inició un embarazo como fruto de una vida sin control, con alcohol, drogas o en un circuito vacío, sin proyecto.
En ambos casos, esas mujeres llegaron al sistema de salud (público o privado) con malas orientaciones, empujadas a pensar que abortar las liberaba de sus problemas. Tal vez fueron con la intención de matar al niño o tal vez fueron médicos o enfermeros los que sólo le ofrecieron sumar el drama del aborto a sus otros problemas.
La ley 27.610 establece la posibilidad de contar con atención integral, información clara y acompañamiento, pero esto es tomado por activistas y organizaciones partidarias del aborto a destajo, como una forma de "obstaculizar" la práctica de eliminación de los seres humanos en gestación.
Amnesty International, organización que actuó fuertemente desde la logística, la estrategia y el financiamiento de acciones para imponer el aborto legal en la Argentina, intervino en la judicialización de la situación en San Isidro, distrito cuyas autoridades y personal médico del Hospital Materno Infantil entienden que la vida de la mujer y del niño que lleva en su vientre, merecen ser protegidas.
La Cámara de Apelaciones en los Contencioso Administrativo de San Martín, haciéndose eco de la mirada antivida de Amnesty, determinó que la Municipalidad de San Isidro debe eliminar cláusulas de su "Protocolo de aplicación municipal de la Ley 27.610" porque, según interpreta, contradicen la genocida Ley Nacional de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Para la justicia interviniente, dar información completa, facilitar estudios de salud, ofrecer apoyo psicológico e invitar a reflexionar sobre la intención de desechar al propio hijo, no sería correcto, aunque sí lo sería realizar la práctica dentro de los 10 días de solicitada en el Hospital o en los Centros de Atención Primaria de la Salud.
